La semana pasada, junto con la iniciativa “Enlázate por la Justicia”, la Red Ecclesial Panamazónica (REPAM), de la que forman parte varias organizaciones jesuitas, compartió su informe más reciente sobre la situación actual de los derechos humanos en la Amazonía.

A lo largo de 300 páginas, el Informe documenta los abusos y violaciones de derechos perpetrados en los últimos años por las industrias extractivas y los cultivos ilícitos, unas “actividades multimillonarias –señala el Informe— basadas en la explotación intensiva de los recursos naturales que arrancan la riqueza de la tierra a costa de devastadores impactos sobre el ambiente amazónico y sobre la salud y la paz social de los pobladores”.

La publicación ha sido presentada por la activista Lily Calderón, que en el momento de su elaboración era abogada de Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, y por Sonia Olea, experta de Cáritas Española que ha colaborado en la edición y compilación de la misma.

En vísperas del Sínodo de la Amazonía

Este documento es el resultado del trabajo desarrollado, por impulso de la REPAM, en las Escuelas de Promoción, Defensa y Exigibilidad de Derechos Humanos celebradas en 2016 y 2018 en Ecuador y Perú, donde se han hecho el seguimiento de 13 casos de vulneración de derechos en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se trata de un esfuerzo que reviste especial importancia de cara a la celebración, el próximo mes de octubre en Roma, del Sínodo de Obispos para la Asamblea Especial para la Amazonía.

Como trasfondo del informe y como referencia inspiradora, está la llamada de Francisco al cuidado de la Creación en la encíclica Laudato Sí que recuerda que “las comunidades aborígenes no son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios (…) Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura” (LS 146).

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